Hace 15 años, el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) marcó un antes y un después para millones de personas trabajadoras del hogar en el mundo. Su objetivo fue claro: garantizar que quienes realizan trabajo doméstico y de cuidado tengan los mismos derechos y la misma protección laboral que cualquier otra persona trabajadora.
Quince años después, los avances son evidentes, pero también se mantienen los desafíos. Esa fue una de las principales conclusiones del Seminario virtual internacional sobre experiencias de la inspección del trabajo relativas al Convenio 189, un espacio, organizado por la OIT, que reunió experiencias de distintos países de América Latina para reflexionar sobre cómo hacer realidad el trabajo decente en los hogares.
La conversación es urgente. El trabajo doméstico y de cuidado sostiene a las familias y, por tanto, una gran parte se refleja (invisiblemente) en la economía de América Latina y el Caribe. Cerca del 90 % de quienes realizan estas labores son mujeres, lo que representa alrededor de 13,5 millones de trabajadoras en la región. Sin embargo, apenas una de cada cinco cuenta con seguridad social y cerca de ocho de cada diez continúan en la informalidad.
La privacidad en los hogares
En este contexto, la inspección del trabajo aparece como una herramienta fundamental para garantizar condiciones laborales dignas y proteger los derechos de las trabajadoras del hogar. Pero también cumple otro papel igual de importante: informar, orientar y acompañar tanto a empleadoras y empleadores como a las trabajadoras domésticas para promover relaciones laborales formales y sostenibles en el tiempo.
Fue precisamente allí donde apareció uno de los grandes retos compartidos por todos los países participantes. A diferencia de otros sectores, el trabajo doméstico ocurre en la privacidad de los hogares y eso limita las posibilidades de supervisión. El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre el derecho a la intimidad de las familias y el derecho de las trabajadoras a contar con protección laboral efectiva.
Algunos avances de la región
Las experiencias de países como Perú y Costa Rica mostraron distintos caminos para enfrentar este desafío. Perú ha fortalecido campañas de información, espacios de orientación, capacitaciones y herramientas tecnológicas para acercar los derechos laborales a las trabajadoras del hogar, mientras Costa Rica compartió sus avances en materia de inspección y seguimiento a un sector que reúne a más de 120.000 personas trabajadoras domésticas.
En el caso de Colombia, la conversación estuvo centrada en los protocolos y herramientas diseñados para realizar inspecciones en hogares. Durante el seminario, Amparo Álvarez Caviedes, profesional especializada del Ministerio del Trabajo, recordó: “la inspección hasta la puerta de la casa constituye una deuda histórica del país con las trabajadoras del hogar”. También explicó que las resoluciones 4179 y 4180 fueron creadas precisamente para orientar estas visitas y conocer las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas, respetando siempre la privacidad de los hogares.
Sin embargo, el seminario dejó una conclusión compartida: la inspección, por sí sola, no resolverá la informalidad. Los gobiernos tienen el reto de seguir construyendo rutas que faciliten la formalización, simplifiquen los trámites y acerquen la información a empleadores y trabajadoras para que hacer las cosas bien sea cada vez más sencillo y accesible.
Pero la tarea también comienza en casa. El trabajo doméstico se construye en millones de hogares cuando se decide contratar con todas las de la ley, reconocer el valor de este trabajo y garantizar derechos como la seguridad social, las prestaciones y condiciones laborales claras.
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